El exagente de inteligencia argentino fue entregado a su país después de casi siete años de recursos para impedir su extradición. Desde 2012, denuncias, investigaciones y hasta la Cámara de Diputados habían colocado a Cancún dentro de una ruta internacional de explotación sexual; la FGR ubica ahora las operaciones atribuidas a Martins entre 2010 y 2019.
La extradición de Raúl Luis Martins Coggiola a Argentina no solamente pone fin a un procedimiento judicial que se prolongó durante casi siete años en México. También devuelve la mirada hacia Cancún, ciudad que desde hace más de una década aparecía en denuncias e investigaciones relacionadas con una estructura internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres.
La historia no permaneció oculta. Desde 2012, la Cámara de Diputados discutió públicamente las denuncias sobre una red que presuntamente operaba en la ruta Buenos Aires-Cancún y exhortó a las autoridades a investigar establecimientos ubicados en la zona turística de Quintana Roo. Catorce años después, Martins salió de Cancún bajo custodia.
Esta semana, autoridades mexicanas entregaron al exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina a agentes de ese país en el Aeropuerto Internacional de Cancún. La noche del viernes 21 de agosto llegó a Ezeiza y quedó a disposición de la justicia argentina.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que Argentina lo requiere por su probable participación en asociación delictuosa, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de dinero.
La propia Fiscalía mexicana aporta ahora un dato que permite dimensionar la duración de las operaciones investigadas: sostiene que desde noviembre de 2010 y hasta 2019 Martins posiblemente encabezó una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante establecimientos comerciales, un periodo que abarca prácticamente nueve años y durante buena parte del cual Cancún ya aparecía públicamente dentro de la historia.
Buenos Aires-Cancún: una ruta denunciada desde 2012
El nombre de Martins comenzó a adquirir notoriedad internacional después de que Lorena Martins denunciara a su propio padre ante la justicia argentina en enero de 2012.
La acusación describía una estructura dedicada a captar mujeres y trasladarlas hacia México mediante ofertas laborales para posteriormente incorporarlas a circuitos de explotación sexual. Las denuncias no tardaron en cruzar la frontera.
El 2 de febrero de 2012, el caso llegó formalmente a la Cámara de Diputados mexicana. Una proposición presentada ante el Congreso recogió información publicada por medios argentinos y mexicanos, así como testimonios de víctimas, y señaló la existencia de una presunta red internacional de trata de personas que operaba en la ruta Buenos Aires-Cancún.
El documento consignó además la denuncia realizada por Lorena Martins el 9 de enero de aquel año, en la que señalaba a su padre como propietario de siete establecimientos en Buenos Aires y de The One, ubicado en la zona turística de Cancún.
La Cámara pidió entonces a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de Migración y a los gobiernos de Quintana Roo y Campeche investigar los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes. La información, por tanto, ya había trascendido la investigación argentina: desde 2012, autoridades mexicanas recibieron exhortos públicos para investigar la operación de esa estructura en el Caribe mexicano
The One, Maxim y Mix Sky Lounge quedaron bajo señalamientos
El exhorto legislativo fue todavía más específico. La Cámara de Diputados pidió investigar la naturaleza y legalidad de establecimientos denominados The One, Maxim y Mix Sky Lounge, ubicados en Cancún, Playa del Carmen y Campeche, debido a los señalamientos de que podían estar relacionados con actividades de trata de personas.
Investigaciones periodísticas de aquellos años relacionaron además el entramado atribuido a Martins con otros establecimientos nocturnos del Caribe mexicano.
La precisión resulta importante: la sola mención de un negocio en aquellas denuncias o investigaciones no acredita judicialmente la participación de sus propietarios, trabajadores o administradores en algún delito.
Sin embargo, la identificación pública de los establecimientos permite dimensionar hasta qué punto el caso había dejado de ser secreto. Cancún aparecía en denuncias de víctimas, publicaciones periodísticas y documentos legislativos como uno de los puntos mexicanos de una estructura investigada internacionalmente.
La operación investigada se prolongó hasta 2019
Lo que en 2012 aparecía como una denuncia terminó formando parte de una investigación mucho más extensa.
Según la información difundida este sábado por la FGR, las investigaciones señalan que Martins posiblemente encabezó la organización desde noviembre de 2010 hasta 2019, utilizando establecimientos comerciales para la explotación sexual de mujeres.
La fecha resulta particularmente relevante frente a los antecedentes mexicanos: entre las primeras denuncias públicas y el final del periodo de operación que ahora menciona la Fiscalía transcurrieron alrededor de siete años.
Esto no permite concluir, por sí solo, que las autoridades mexicanas conocieran cada una de las actividades atribuidas a la organización ni que hubieran permitido deliberadamente su funcionamiento. Sí abre otra interrogante: qué ocurrió con las investigaciones solicitadas públicamente desde 2012 mientras la estructura atribuida a Martins habría continuado operando durante los años siguientes.
De exagente de inteligencia a acusado de encabezar una organización criminal
Antes de quedar asociado con los negocios nocturnos, Martins había formado parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina, la antigua SIDE. Posteriormente se estableció en México y desarrolló actividades empresariales vinculadas con centros nocturnos.
La investigación argentina fue ampliándose con los años hasta atribuirle una posición central dentro de una organización con ramificaciones internacionales.
Ahora deberá responder en su país por su probable participación en asociación delictuosa, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de dinero, de acuerdo con la solicitud que dio origen a su extradición.
La justicia argentina deberá acreditar las acusaciones, mientras Martins conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal dicte, en su caso, una sentencia condenatoria.
Fue detenido en Quintana Roo y comenzó una batalla contra la extradición
Martins fue detenido en Quintana Roo en octubre de 2019, cuando Argentina ya buscaba llevarlo ante sus tribunales. Su captura, sin embargo, no significó una extradición inmediata, sino el inicio de una batalla judicial que terminaría prolongándose durante aproximadamente siete años.
La FGR informó este sábado que su defensa promovió múltiples juicios de amparo y otros recursos legales tanto en Cancún como en Ciudad de México con la finalidad de impedir que fuera enviado a Argentina.
La Fiscalía combatió esas impugnaciones hasta obtener resoluciones favorables que permitieron ejecutar finalmente la entrega. La prolongación del procedimiento hizo que Martins permaneciera en México años después de su detención y mantuvo pendiente uno de los procesos derivados de aquellas denuncias que comenzaron a hacerse públicas desde principios de la década pasada.
Catorce años después, salió de Cancún bajo custodia
La entrega finalmente ocurrió esta semana en el mismo destino que había aparecido una y otra vez en la historia del caso. Agentes argentinos viajaron a México y recibieron a Martins en el Aeropuerto Internacional de Cancún, desde donde fue trasladado hacia Buenos Aires.
Su llegada a Argentina ocurrió la noche del viernes, bajo un dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza. Martins quedó así nuevamente bajo jurisdicción de su país para enfrentar un proceso judicial que lleva años pendiente.
Para Cancún, sin embargo, la extradición recupera una historia diferente. Las primeras denuncias públicas llegaron en 2012. Ese mismo año, la Cámara de Diputados mexicana habló expresamente de una ruta Buenos Aires-Cancún, identificó establecimientos que debían ser investigados y exhortó a autoridades federales y estatales a intervenir. La FGR sostiene ahora que la organización presuntamente encabezada por Martins operó hasta 2019.
Entre ambos momentos existe un periodo de varios años que merece ser revisado. La extradición permitirá que la justicia argentina determine las responsabilidades penales que correspondan a Martins, pero no responde automáticamente qué ocurrió en México después de aquellas primeras denuncias, qué resultados produjeron las investigaciones solicitadas ni cómo evolucionaron las actividades relacionadas con los establecimientos señalados.
Catorce años después de que Cancún apareciera públicamente dentro de la ruta investigada, Raúl Martins abandonó finalmente la ciudad esposado y bajo custodia. Su proceso continuará ahora en Argentina, mientras para Quintana Roo queda una pregunta que la extradición vuelve a poner sobre la mesa: qué ocurrió del lado mexicano con una estructura denunciada desde 2012 y cuyas operaciones, según la propia FGR, se habrían prolongado hasta 2019.